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El organismo ejecutó una auditoria al proceso realizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito en 2020 por un monto de $378 millones. Los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público para determinar una eventual configuración de delitos.
La Contraloría General informó durante esta jornada que iniciará un sumario en la Subsecretaría de Prevención del Delito, «debido a irregularidades» en la licitación y ejecución del contrato para adquirir cámaras corporales para Carabineros de Chile.
Esto, durante 2020 bajo la dirección de Katherine Martorell y comprendió la compra de estos implementos por $378 millones.
En detalle, desde el órgano fiscalizador indicaron a través de un comunicado que la investigación «determinó que Motorola, empresa que se adjudicó la licitación, presentó su propuesta fuera del plazo establecido para la postulación. Este solo hecho implicaba que la propuesta debió declararse inadmisible, sin embargo, igualmente se visó la adjudicación en marzo de 2020»
Además, añadieron que «la firma no presentó antecedentes que acreditaran que las cámaras contaban con la función ‘post recording, elemento expresamente señalado entre las exigencias en las bases de licitación».
Y con ello, apuntaron que la empresa «tampoco cumplió con entregar documentación sobre el plazo de entrega total del sistema. No obstante, igualmente se le asignó puntaje máximo».
La Contraloría también indicó que en la recepción de las 300 cámaras, la Subsecretaria de Prevención del Delito no verificó que los aparatos cumplieran efectivamente con función post recording, lo que implicaba la aplicación de multas por incumplimiento a las bases de licitación.
Tras describir los hechos, el organismo confirmó que envió los antecedentes al Ministerio Público para determinar una eventual configuración de delitos.
