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Jorge Abbott realizó una nueva cuenta pública del Ministerio Público respecto al 2020 donde advirtió un aumento en el registro de homicidios a nivel nacional y mostró preocupación por hechos de violencia en la macrozona sur.
Durante esta jornada el Fiscal Nacional Jorge Abbott realizó una nueva cuenta pública del organismo donde detalló los hechos que marcaron su labor durante el año 2020 donde advirtió sobre el aumento dse los homicidios y remarcando su preocupación por los hechos de violencia en la macrozona sur.
De forma telemática, Abbott informó que en el último año hubieron 895 asesinatos en el país «lo que involucró un aumento de un 20% respecto del año 2019. Y en el 45% de esos homicidios se usaron armas de fuego, de acuerdo a las estadísticas de la PDI».
«Chile se está enfrentando a una violencia cada vez más cruda y agresiva, que crea inseguridad, provocando un impacto profundo en las víctimas y conmociona a toda la población», advirtió.
En cuanto a la situación que ocurre en la macrozona sur, la autoridad manifestó que «la violencia rural es un conflicto político, cuya solución excede las facultades del Ministerio Público. Se trata de hechos de especial gravedad, en los que hemos asumido investigaciones penales altamente complejas».
«Estamos conscientes de que detrás de estos actos de violencia rural hay un creciente catálogo de hechos criminales anexos, como el aumento en las usurpaciones, la sustracción de madera, y el tráfico de drogas y de armas, los que deben ser investigados como un fenómeno común», añadió.
En esa línea, aseveró que «es necesario modernizar la legislación para enfrentar más eficazmente los ilícitos asociados a la violencia rural. Si queremos llegar a resultados más contundentes, es necesario actuar de manera muy coordinada, afinando el marco legal y otorgando herramientas eficaces a los fiscales y a las policías».
NUEVA CONSTITUCIÓN
En su presentación el Fiscal Nacional se refirió a las preocupaciones del organismo ante la creación de una nueva Constitución.
Abott señaló que «a nuestro juicio, la autonomía para investigar y ejercer la acción penal es un elemento de la esencia de nuestra institución. De no tenerla, se amenaza la garantía de que todas las personas podrán ser interpelados por el sistema de justicia, sin temor de que éstas puedan ejercer influencias indebidas».
«Al calor de la discusión constitucional, creemos que es hora de hablar sinceramente sobre extender la titularidad de la acción penal en ámbitos que hoy nos son vedados. Me refiero a las investigaciones por delitos electorales; delitos tributarios, aduaneros y a los que atentan contra la libre competencia», aseveró.
Finalmente dijo que «lo que demandamos es respeto por las facultades que la ley nos otorga; junto a una decidida acción de colaboración interinstitucional y multidisciplinaria, que permita, primero, entender mejor el fenómeno delictual y, segundo, mejorar la respuesta de todo el sistema de persecución y administración de justicia».
