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«Afectaron gravemente la tranquilidad pública de un sector de la población, con bloqueo total del tránsito de personas y vehículos en el lugar, generando violencia y restricciones indebidas a los derechos de las personas que circulaban…» señala en la querella.
A raíz de la libertad que obtuvieron 43 de los 44 detenidos en Plaza Baquedano, el Ministerio del Interior se querelló en contra de ellos invocando la Ley Antibarricadas.
La acción judicial se entabló «contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o, por el delito de desórdenes públicos».
«Los hechos relatados en la presente querella configuran el delito indicado, por cuanto se verifican todos los requisitos del tipo penal, los cuales afectaron gravemente la tranquilidad pública de un sector de la población, con bloqueo total del tránsito de personas y vehículos en el lugar, generando violencia y restricciones indebidas a los derechos de las personas que circulaban en dicho lugar, poniendo además en riesgo la integridad física y la libertad de desplazamiento de las mismas», señaló el Ejecutivo en la querella.
Igualmente, se agregó que estos hechos violentos “provocaron inseguridad y temor en la comunidad, quienes se vieron expuestos a la posibilidad cierta de ser víctimas de otros delitos violentos, derivados de ataques o enfrentamientos entre los antisociales y las policías que intervinieron en el lugar».
