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El organismo solicitará incluir al grupo de jóvenes que presentaron la PSU en condiciones desfavorables entre los que tendrán que darla el 27 y 28 de enero.
La Defensoría de los Derechos de la Niñez solicitará al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) la inclusión del grupo de jóvenes que presentaron la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en condiciones desfavorables, entre los que tendrán acceso a la rendición el 27 y 28 de enero próximos.
Mediante un comunicado, el organismo manifestó que «se requirió al DEMRE, el mismo día de iniciado el proceso, la información precisa y detallada de quienes, siendo menores de 18 años, fueron impedidos/as de rendirla, de manera de ejercer a su favor acciones constitucionales que les aseguraran la igualdad ante la ley en el ejercicio de su derecho a la educación».
«La respuesta a dicho Oficio llegó hoy, viernes 10 de enero, SIN remitir la información solicitada pidiendo el ‘máximo plazo legal’ para entregarla, situación que, evidentemente, impide la intervención institucional en favor de los/las afectados/aspara que tengan posibilidad de restituirse sus derechos vulnerados», recalcó.
Desde la organización señaló que «en relación a aquellos y aquellas jóvenes que se vieron obligados a rendir la PSU en condiciones no favorables a la concentración y tranquilidad que una prueba de esta naturaleza demanda, y que han solicitado la intervención institucional para poder rendir la PSU en condiciones debidas», aseguran que solicitarán al DEMRE, «como organismo responsable del proceso, la inclusión en el grupo de jóvenes que tendrán acceso a la rendición de la PSU en la nueva fecha informada, esto es, 27 y 28 de enero próximos».
En relación al Gobierno que invocará la Ley de Seguridad del Estado en contra de los dirigentes de la Aces por incitación y aseveró que “como Defensoría de la Niñez, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, sostenemos que ésta resulta inaplicable a dicho grupo de la población, toda vez que respecto de las y los adolescentes, el mandato y obligación para Chile, en virtud de su ratificación, el año 1990, de la Convención sobre los Derechos del Niño, es la operación de una justicia especializada y específica para adolescentes, misma que en nuestro país se encuentra contenida en la Ley N° 20.084, cuyos principios rectores y objetivos, partiendo por el resguardo efectivo del interés superior de los adolescentes, no se condice con la aplicación de la citada Ley de Seguridad Interior del Estado».
