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Organismo consideró irregular e ineficaz sentencias que ordenaban el pago luego de procesos judiciales para 846 profesores de seis comunas del país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Chile por violaciones a diversos derechos humanos en perjuicio de 846 profesores y profesoras de los municipios de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes.
El caso se originó en el contexto de la dictadura cuando la administración de las escuelas públicas pasó a los municipios, lo que implicó que el personal docente quedaría sometido al Código del Trabajo y se regirían por las normas aplicables al sector privado.
En ese marco por el artículo 40 del Decreto Ley N° 3.551 se creo una asignación especial no imponible para el personal dependiente del Ministerio de Educación a contar del 1 de enero de 1981, la que no fue recibida por los profesores que fueron traspasados desde el Estado a las municipalidades.
La Corte IDH consideró que sentencias judiciales dictadas con posterioridad a 1990, que reconocieron el pago de la asignación especial a 846 profesores fueron «irregulares e ineficaces».
Además se estableció que siendo afectadas personas mayores de 60 años y que un quinto de ellas falleció esperando por 25 años la ejecución de los fallos, «el Estado desconoció su deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores y la celeridad en los procesos en los que participa esta población en situación de vulnerabilidad».
La Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado entre ellas que deberá pagar directamente a las personas afectadas o sus derechohabientes las sumas aún debidas en tres tractos anuales empezado el primero en el plazo de un año desde notificada la sentencia
