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A través de un informe sostienen que «es obligación del Estado de velar por las garantías de debido proceso y, en este sentido, valorar los límites objetivos al uso de la prisión preventiva».
Un nuevo informe de la ONU Derechos Humanos califica como «excesivo» el uso de la prisión preventiva «en casos de personas imputadas por presuntos delitos en el contexto de las manifestaciones» tras el estallido social.
El documento apunta a que «existe disonancia e inconsistencia en las cifras oficiales entre las instituciones respecto al número de personas en prisión preventiva en el marco de procesos por tales delitos».
De hecho, señala que la oficina no logró acceder a una información actualizada. En el texto citan al Comité de Derechos Humanos para afirmar que «la prisión preventiva no debe ser la regla general, sino la excepción».
«El uso prolongado de esta medida cautelar se hace más problemático en el contexto de la pandemia de Covid-19, ya que se contrapone a las políticas de descongestión de los recintos penitenciarios promovidas por los organismos internacionales de derechos humanos», afirman.
También sostienen que «es obligación del Estado de velar por las garantías de debido proceso y, en este sentido, valorar los límites objetivos al uso de la prisión preventiva».
«Las medidas cautelares no pueden ser más gravosas que el eventual resultado de una condena, evitando por cierto que la prisión preventiva pudiera ser aplicada como una ‘pena anticipada’, más que como una genuina medida cautelar», declaran en el documento.
