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Acusación apunta a la fijación de precios de sus servicios en los años 2017 y 2018. Se pide sanción por sobre los $ 51 mil millones.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó que el día 7 de octubre presentó un requerimiento por colusión ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) contra las tres principales empresas de transporte de valores que operan en el país.
Ello, por haber celebrado un acuerdo para fijar el precio de sus servicios entre los años 2017 y 2018.
En el requerimiento, la FNE solicita que se apliquen multas de hasta 81.585 UTA, equivalentes a $ 51 mil millones contra las empresas Brinks, Loomis y Prosegur.
La acusación también pide sanción para los gerentes generales de las tres empresas: Alberto Bálsamo (Brinks), Marco Valverde (Prosegur) y Cristián Catalán (Loomis) y a los jefes regionales que tenían a su cargo Chile y otros países de Latinoamérica: Martin Matos (Prosegur) y Rui Sanches Da Silva (Loomis).
A la acusación se llegó mediante el mecanismo de la delación compensada, pór lo que la FNE pidió al TDLC que se exima de multa a la persona natural que reveló la existencia del cartel.
