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Las distintas cartas presidenciales que no pertenecen al oficialismo coincidieron en que el presidente Piñera debe dar explicaciones respecto a su vinculación con la compraventa de la Minera Dominga y la nueva información del reportaje, que no habría sido incluida en el desmentido de La Moneda.
El líder en las encuestas de cara a la elección presidencial, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, señaló respecto a lo revelado por los Pandora Papers que el presidente Sebastián Piñera “evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y además siempre privilegia su interés personal por sobre el bien común”.
Y agregó que “En esto no se diferencia nada de el resto de sus candidatos Sebastián Sichel y José Antonio Kast. Por eso los cambios que nosotros proponemos son necesarios en términos de políticas públicas y también éticamente”.
Y respecto a la empresa en cuestión señaló que “el proyecto de la Minera Dominga es un atentado contra el medio ambiente y a un ecosistema único que tenemos en Chile que debemos proteger”.
Además indicó que “Es inconcebible que un Presidente de la República actué en beneficio propio frenando la protección ambiental en La Higuera por asegurar un ingreso personal. Puedo asegurar que si somos gobierno, la protección de la biodiversidad en la zona será total”.
Desde la DC el diputado DC, Gabriel Silber no descartó una acusación constitucional al señalar que «es altamente grave que el Presidente Piñera haya sujetado la aprobación de un permiso ambiental a una operación económica de la cual participaba o tenía interés de carácter directo. Esto pone en entredicho la independencia de la autoridad del Presidente de la República, y en consecuencia desde la oposición vamos a pedir máxima transparencia respecto a las actuaciones del Presidente Piñera, su familia o de quienes lo representen en cuanto al proyecto Dominga, y no nos vamos a inhibir de ninguna acción de fiscalización, ya sea desde una comisión investigadora e incluso analizar el mérito de una acusación constitucional».
En tanto desde el Frente Amplio el diputado Marcelo Díaz, del movimiento Unir, igualmente esbozó la posibilidad de tomar medidas como una acusación constitucional, e indicó que «Se trata de un anuncio extremadamente grave, y que confirma que el Presidente Sebastián Piñera usa la institucionalidad del Estado en beneficio propio, en este caso para incrementar su ya abultado patrimonio, su enorme fortuna, porque hace poco más de un mes se convocó a una sesión extraordinaria de la comisión ambiental de la Región de Coquimbo precisamente para aprobar este proyecto, cuando no había ninguna necesidad, ninguna urgencia, y esto confirma que se hizo para favorecer directamente al Presiente de la República en términos personales. La gravedad de esta situación amerita hablar todas las alternativas, incluida una acusación constitucional en contra del Presidente».
