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Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, aseguró que las expulsiones se realizan con «pleno respeto al debido proceso», luego de que Human Rights Watch realizó la petición.
El Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió esta jornada a la solicitud realizada por Human Rights Watch este miércoles, de detener las expulsiones sumarias de ciudadano venezolanos.
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En respuesta, la autoridad dijo que «se nos pide terminar con las expulsiones, y la verdad que eso sería renunciar a cumplir la ley en Chile. Nuestra ley migratoria, hoy día, la ley vigente».
Galli dijo que en el país hay 33 mil expulsiones decretadas en el país, de las cuales 13 mil son personas que tienen antecedentes penales en Chile o en su país de origen y que por ende, no pudieron regularizar su situación migratoria.
«Lo que corresponde es que el Gobierno lleve adelante los procesos administrativos, y si ese proceso administrativo da como resultado la expulsión, lo que corresponde al Gobierno es hacer cumplir la ley y materializar esas expulsiones», dijo el subsecretario de Interior.
El personero de gobierno además puntualizó que las expulsiones se realizan con «pleno respecto al debido proceso» y que hay «situaciones excepcionales, por ejemplo, un ciudadano extranjero que tiene vínculos con niños, niñas o adolescentes en Chile, no se materializa esa expulsión. Una persona que tiene una situación humanitaria en nuestro país, no se materializa su expulsión».
