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El Fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, señaló que “sin duda aquí hay un espacio que ha sido ganado por los elementos más violentos, decir lo contrario es ponerse una venda en los ojos”. También admitió que “estamos en deuda con los vecinos”.
“Más allá de lo que uno pueda pensar de la figura del general Baquedano que puede sugerir múltiples opiniones distintas, encuentro lamentable que un lugar que es un espacio público (…) se haya visto tan severamente dañado como para tomar una medida de esta naturaleza. No se tomó esta medida por una decisión política, aquí lo que hay es un actuar bastante violento del cual somos testigos desde el 18 de octubre en adelante”, dijo el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, luego de que esta madrugada la estatua del general Manuel Baquedano fuera retirada de Plaza Italia.
“En el sector Plaza Baquedano la estatua del general es simbólica, se transformó casi en un objetivo político a cumplir por parte de algunas personas que -erradamente a mi juicio- y por medios violentos manifestaron su incidencia”, dijo en Radio Universo. “Lo encuentro triste por ese lado, muestra un deterioro importante de la vigencia de lo que es el Estado de Derecho en el sentido de entender que los espacios públicos son lugares que todos tenemos derecho a ocupar y a disfrutar, y lo encuentro lamentable”.
Consultado si ganó la violencia, Guerra respondió que “sin duda aquí hay un espacio que ha sido ganado por los elementos más violentos, decir lo contrario es ponerse una venda en los ojos, eso no quiere decir que esto sea definitivo, pero si uno ve la realidad de lo que viene ocurriendo desde octubre del año 2019 a la fecha en el sector, sin duda que ha habido un avance muy fuerte de elementos que no solamente guardan relación la estatua de Baquedano, guardan relación con todo el entorno de ese sector, hay mucho negocio destruido y vecinos que han sido afectados en su calidad de vida”.
“Es muy común que en este tipo de circunstancias se digan cosas un poco al voleo, se busque deslindar responsabilidades. Nosotros tenemos que separar bien los roles de las instituciones. (…) Quién debe responder que los ciudadanos deban transitar tranquilamente por los lugares donde han ocurrido desmanes, es efectivamente el Ejecutivo a través de sus instituciones: Ministerio del Interior que tiene una subsecretaría de Prevención del Delito, ese es un tema”, acotó.
“Ahora, respecto de delitos que ya ocurren, la responsabilidad de investigarlo es del Ministerio Público con auxilio de las policías, no eludimos esa responsabilidad y sin lugar a dudas que los resultados no son los que a nosotros nos gustaría. Nos gustaría tener una mayor cantidad de detenidos, nos gustaría identificar a los grupos que llevan adelante estas manifestaciones. ¿Hemos tenido resultados?, sí. Hemos tenido resultados parciales que no han sido de la entidad para contribuir de manera decisiva a que esto no vuelva a ocurrir y eso es complejo que ocurra porque los recursos judiciales son limitados, están desgastados. Por eso hablo de responsabilidades compartidas”, señaló.
Guerra dijo que “la reflexión que todos deben hacer es: el Estado no ha demostrado hasta a la fecha una real capacidad para hacerse cargo de la violencia y por ende la pregunta es ¿qué medidas se pueden tomar para tratar de evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir? Si tengo 700 personas en Plaza Italia, pretender que voy a lograr identificar 700 sujetos y los voy a poder imputar a todos por un delito y los voy a meter a la cárcel, y con eso se va a acabar el problema, la verdad es que es un poco ilusorio”. “Entonces parece ser que la primera etapa es diseñar una estrategia preventiva, en su momento hubo intentos, parece que funcionó, pero -al día de hoy- veo lamentablemente que cada viernes y con cierta frecuencia, hay actos de violencia que constituyen delitos. Después nos toca intervenir donde hay poco detenido flagrante por parte de Carabineros que se enfrentan a una masa con una cantidad de policías que no es fuerte y por lo mismo, se hace difícil que por la vía de la persecución se eviten este tipo de situaciones”.
“El Gobierno ha tratado de hacer esfuerzos, no dio que no los haya, pero la pregunta es si hemos sido eficaces o no. Y la respuesta, y hay que ser muy sincero y no tratar de quedar bien, hay que ser honesto en esto, muy transparente: no ha habido la eficacia suficiente para impedir que esto ocurra, de lo contrario no estaríamos hablando de este tema después de un año y medio desde que empezaron los problemas en Plaza Baquedano”, acotó Guerra.
“No hemos sido eficaces”
“Es un ejemplo claro de que las distintas estrategias no han sido suficientemente eficaces (…) Eso no ha impedido que (la violencia) vuelva a ocurrir y, por otro lado, el copamiento territorial que se hace no ha dado resultados. Tengo la impresión también, y lo digo responsablemente, que en esto ha habido un grado de temor por el hecho de enfrentar situaciones que probablemente puedan derivar en actos violentos que muchas veces originan situaciones que pueden acarrear persecución para los funcionarios policiales. No digo que no estén actuando, pero probablemente se ha actuado con mayor cautela para evitar que el mal sea mayor con afectación a las personas. Se ha protegido más bien el no afectar personas que no afectar bienes. Sin lugar a dudas, las distintas estrategias no han sido eficaces y ese es el tema de fondo”, agregó el fiscal.
“Nosotros tampoco hemos sido lo suficientemente eficaces como para lograr resultados de persecución que quisiéramos, lo digo por mí, por el sector Oriente”, planteó.
Mea Culpa
“Creo que la sociedad chilena entera debe hacer un mea culpa y sin duda que, en eso, como representantes de la sociedad chilena, las instituciones del Estado que participamos de las distintas etapas de lo que es el control del delito. Hay una responsabilidad compartida, pero responsabilidad al fin y al cabo identificable, y sin lugar a dudas que estamos en deuda con los vecinos, yo hablo de Providencia. Estamos en deuda con los vecinos que reclaman legítimamente que quieren recuperar su derecho a vivir tranquilamente y poder disfrutar los espacios públicos que han sido dañados, eso es lo primero”, acotó.
“Quien diga que no es así es deslindar responsabilidades en otros y actúa en forma pequeña. Aquí lo que corresponde es afrontar el tema y tratar de mejorar esto para devolverle la tranquilidad a la gente que vive y trabaja en ese sector (…) debido a la acción violenta que el Estado no ha sido capaz de frenar”.
El detenido
“Absolutamente no quedamos satisfechos”, dijo respecto de que sólo se haya detenido uno de los cinco sujetos que el lunes se subieron al monumento a cortar la base de la estatua, a la altura de las patas del caballo.
Respecto del detenido, el fiscal explicó que quedó en libertad pues, en los hechos, no arriesga pena de cárcel. “Se le imputa un delito de daño, pero tiene una pena que da derecho a pena sustitutiva. Los daños calificados no tienen una penalidad alta”, explicó y pidió revisar si la ley debería elevar una sanción mayor a quienes ataquen el patrimonio del país. “Falta mayor protección al patrimonio arquitectónico del país”.
