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Los ex uniformados habían solicitados beneficios penitenciarios, sin éxito.
La Corte Suprema acogió los recursos de amparo y concedió la libertad condicional a cinco internos de Punta Peuco.
Los ex uniformados, condenados por violaciones a los Derechos Humanos, habían solicitado beneficios penitenciarios a la Comisión de libertad condicional, sin éxito, por lo que recurrieron al máximo tribunal.
Según la comisión ah doc, basándose en informes psicológicos realizados por Gendamería, pese a que cumplían con los requisitos de buen comportamiento y haber pasado más de la mitad de su condena, los internos no manifiestan conciencia del daño o empatía con la situación de las víctimas y justifican la comisión del delito o que carecen de conciencia del mal causado, por lo que les habían negado la libertad.
Sin embargo, para la Suprema los informes psicológicos no pueden impedir que el condenado acceda a los beneficios, precisando que la decisión no desconoce la gravedad de los delitos cometidos.
«Esto no conlleva desconocer la particular gravedad de los crímenes de lesa humanidad como aquél por el que cumple condena el amparado, sin embargo, tal carácter ya fue considerado para excluir la extinción de responsabilidad penal -y civil- que operaría en delitos comunes, por causales como la amnistía y la prescripción, así como para fijar la cuantía de la pena y, por consiguiente, determinar su cumplimiento efectivo, de manera que, no resulta razonable considerarlo nuevamente, esta vez, para negar de manera absoluta el acceso a la libertad condicional si se han respetado todos los estándares que el derecho internacional ha demandado para tal efecto», señala el fallo.
Los beneficiados son el coronel (r) Manuel Pérez Santillán, sentenciado en 2015 a cinco años por la muerte del ex químico de la Dina, Eugenio Berríos.
También se encuentran los suboficiales mayores (R) Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda, José Quintanilla Fernández, condenados a 5 años y 1 día por la detención y torturas de Nizca Baez y la desaparición de su esposo, el estudiante universitario y militante del MIR Alonso Lazo Rojas.
El quinto es el capitán (r) de Carabineros Gamaliel Soto Segura, de 71 años, condenado a 10 años por la desaparición del director del Hospital de Cunco Eduardo González Galeano, en septiembre de 1973.
